Publicado el 11/06/2025 por Administrador
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Colombia atraviesa una nueva y alarmante fase de violencia que recuerda, con creciente intensidad, los peores episodios de su historia reciente. Tanto en zonas urbanas como rurales, los índices de homicidios, secuestros, atentados y enfrentamientos entre grupos armados ilegales han repuntado de forma sostenida durante lo que va del año 2025, generando preocupación en la ciudadanía y llamados de atención por parte de organismos internacionales.
Las cifras oficiales son contundentes. Entre enero y marzo, los homicidios a nivel nacional aumentaron respecto al mismo periodo del año anterior. En Medellín, algunas comunas reportan incrementos superiores al 600%. En ciudades como Bogotá, Cali y Pereira, las autoridades han reconocido un recrudecimiento de la violencia urbana, atribuida en parte a disputas entre bandas criminales por el control de microtráfico y extorsiones.
Pero el panorama es aún más sombrío en las regiones rurales. Un informe de Naciones Unidas reveló que más de 950.000 personas han sido afectadas por el conflicto armado en los primeros cuatro meses de 2025, una cifra que cuadruplica los registros del año anterior. El desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades y el reclutamiento de menores son prácticas que persisten en departamentos como Cauca, Nariño, Catatumbo y Arauca.
Uno de los aspectos más inquietantes es el aumento de los secuestros. Entre enero y abril se han registrado 131 casos, el triple que en el mismo periodo de 2024. Se teme que la cifra supere los 400 al finalizar el año, una realidad que ha reactivado el temor al retorno de los “planes pistola”, atentados dirigidos contra policías, militares y funcionarios públicos.
En el suroccidente del país, en particular en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, la violencia ha adquirido un carácter explosivo. Solo en la última semana se han reportado 24 ataques coordinados, incluidos atentados con explosivos contra estaciones de policía en Cali, dejando un saldo de al menos siete muertos y 28 heridos. Las autoridades atribuyen estos hechos a las disidencias del Estado Mayor Central, grupo residual de las FARC que ha roto conversaciones de paz con el Gobierno.
La situación se agravó con el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue gravemente herido en un acto público en Bogotá. Aunque el ataque fue atribuido a un menor de edad detenido en el lugar, la Fiscalía investiga la posible existencia de una red criminal detrás del atentado, lo que eleva el nivel de alerta sobre la violencia política en el país.
El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta crecientes críticas por los resultados parciales de su estrategia de “Paz Total”, que si bien ha generado mesas de diálogo con algunos grupos armados, ha fracasado en contener la expansión territorial y ofensiva de las disidencias y estructuras del narcotráfico.
Organismos como Human Rights Watch y la ONU han instado a Colombia a reforzar la protección de civiles, garantizar justicia para las víctimas y no ceder ante estructuras armadas que continúan operando con impunidad en muchas zonas del país.
En este contexto, la sensación de inseguridad crece, tanto en las calles de las grandes ciudades como en las veredas más alejadas. El país se encuentra ante una encrucijada: o redobla los esfuerzos por desmontar las redes de violencia con decisiones contundentes, o corre el riesgo de revivir una espiral que muchos creían superada tras el acuerdo de paz de 2016.
